Carlos Sánchez-Almeida: 'No hay diferencias entre los ciberdelitos y los demás'

Uno de los pocos abogados que hay en España especializados en Internet, nuevas tecnologías y delitos informáticos. Carlos Sánchez-Almeida, del Bufet Almeida, será a partir de la semana que viene 'El abogado del Navegante', y contestará las dudas de los lectores.

Carlos Sánchez-Almeida.

Carlos Sánchez-Almeida.

Este abogado de 'hackers', un importante activista de la defensa de los derechos civiles en Internet, contestará cada 15 días una duda legal seleccionada de entre las que se reciban a través del formulario de 'El abogado del Navegante', desde la legalidad de las descargas hasta cómo nos pueden afectar las nuevas leyes sobre Internet.

En esta entrevista, Sánchez-Almeida esboza sus posturas frente a cuestiones como las nuevas normativas sobre la sociedad de la Información o sobre el controvertido canon digital.

Pregunta: ¿Cómo definirías a un 'hacker'?

Respuesta: Es hacker la persona que es capaz de explorar un sistema hasta sus lugares más recónditos, en busca del conocimiento, y en ese camino, consigue el control de los sistemas más complejos. Sea cual sea el sistema, ya que el 'hacking' no está limitado a la tecnología informática: puede haber 'hackers' de la física, de la medicina, del derecho o incluso de la gastronomía.

P. ¿Por qué tienen tan mala prensa?

R. Los heterodoxos siempre han tenido mala prensa para quien ostenta el poder. El poderoso aspira al orden, y todo lo que no encaje en su esquema es considerado un peligro, una oportunidad para el caos. Y con ello el poderoso olvida que los sistemas rígidos acaban por anquilosarse, sólo lo flexible permanece. Todo sistema necesita una puerta trasera que garantice la estabilidad del conjunto.

P. ¿Qué diferencia hay entre un delito cometido a través de la Red y otro cometido en el mundo real?

R. Ninguna, salvo en los métodos de investigación y las dificultades para establecer la autoría. Un delito cometido a través de la Red puede ser mucho más grave que en el mundo real.

P. En general, ¿están nuestras leyes suficientemente adaptadas a la realidad digital?

R. A lo que no están adaptadas nuestras leyes es a la realidad, a secas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil y el Código de Comercio mantienen estructuras decimonónicas. Y el cerebro de nuestros políticos también: muchos de ellos viven en una realidad mucho más virtual que Internet.

P. Recientemente se han aprobado varias leyes que afectan de manera directa a los ciuadadanos internautas. Vayamos por partes: has sido muy crítico con la reciente Ley de Impulso a la Sociedad de la Información. ¿Cuáles son sus puntos más 'peligrosos' para los ciudadanos?

R. Lo más peligroso siempre es la extralimitación del poder, y el redactado ambiguo de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información puede permitir la extralimitación de la autoridad administrativa. Con la Constitución en la mano, sólo el poder judicial puede intervenir para secuestrar publicaciones. El redactado de la LSSI atribuye a órganos administrativos la facultad de intervenir en materias de su competencia, siempre que no afecten a la libertad de expresión. Pero determinar qué afecta y qué no a la libertad de información queda a criterio del funcionario de turno, y no del poder judicial: ahí radica el peligro. Se ha perdido una nueva oportunidad para blindar la libertad de expresión en Internet.

P. A mediados de mes se publicará la Orden Ministerial con los precios del canon digital. ¿qué opinión tienes sobre esta tasa? ¿Piensas que hay alguna alternativa mejor para los ciudadanos?

R. El derecho a la copia es consustancial con la cultura: una obra que no puede copiarse es una obra mutilada, imperfecta, que no permite la transmisión del saber. Como contrapartida a ese derecho ciudadano a acceder a la cultura, una directiva europea establece la necesidad de que los autores reciban una compensación equitativa. El problema reside en la forma que el legislador español ha arbitrado esa compensación, sustrayéndolo al control del Tribunal de Cuentas y de la Hacienda Pública, poniéndolo en manos de entidades privadas que carecen de la necesaria transparencia. Hay que construir una alternativa, modificando todo el sistema de recaudación de las entidades de gestión: todos los cánones -y no solamente el de copia privada- han de estar debidamente explicitados en los Presupuestos Generales del Estado, para su necesario control público.

P. ¿Qué opinas de la regulación española de derechos de autor, que permite la copia privada de un CD de música, frente a otras como la británica, que las prohíbe? ¿Cómo valoras que se esté discutiendo en el Reino Unido la posibilidad de permitir las copias privadas?

R. Considero muy superior el sistema de derecho de autor europeo frente al copyright anglosajón, que persigue la copia y criminaliza al usuario de la cultura. Como he dicho antes, una obra que no puede copiarse es cultura muerta.

P. Otra norma recientemente aprobada es la Ley de Conservación de Datos relativas a las comunicaciones electrónicas y redes públicas. ¿Crees que acabar con el anonimato en los móviles prepago o retener los datos de las comunicaciones aumenta la seguridad del Estado?

R. Las medidas de control social totalitario nunca han frenado a los delincuentes: sólo disminuyen las libertades. Al criminal que atraca un banco no le preocupan los límites de velocidad. El criminal siempre tendrá anonimato, aunque la ley lo prohíba. Restringir la intimidad de todos los ciudadanos es una mala política.

PABLO ROMERO